Frank Ramírez denuncia que Gobierno pagará más de RD$400 millones por deuda acumulada en San Juan entre 2023…

El diputado del Partido Revolucionario Moderno (PRM) por la provincia San Juan, Frank Ramírez, denunció que el Gobierno pagará más de RD$400 millones por una deuda acumulada en esa demarcación entre 2023 y 2025, al tiempo que calificó al nuevo ministro de Agricultura, Francisco Oliverio Espaillat Bencosme, como “un hombre de palabra” y destacó su disposición al diálogo con todos los sectores del campo dominicano desde que asumió el cargo.

La cifra mencionada por el legislador oficialista corresponde a compromisos financieros contraídos en un período de tres años, lo que sugiere que se trata de obligaciones que no fueron saldadas en los ejercicios fiscales correspondientes y que ahora deberán ser cubiertas con recursos públicos. En términos prácticos, este tipo de acumulación de deudas suele reflejar desfases entre la ejecución presupuestaria y los compromisos asumidos por las instituciones, un patrón que, cuando se repite, termina trasladando presión a las finanzas del Estado y, en última instancia, a los contribuyentes.

Para los lectores, el dato importa porque permite dimensionar cómo se administran los recursos en el ámbito provincial y qué margen real existe para atender necesidades apremiantes. San Juan es una provincia con una economía sustentada principalmente en la agricultura, por lo que cualquier desequilibrio en el flujo de fondos hacia obras, servicios o programas de apoyo tiene un efecto directo sobre la actividad productiva local y sobre la calidad de vida de sus habitantes.

En ese contexto, las declaraciones de Ramírez sobre el ministro de Agricultura adquieren un matiz particular. El legislador resaltó que Espaillat Bencosme ha adoptado una posición firme de concertación y apertura, lo que considera fundamental para atender las demandas del sector agropecuario nacional. El diputado subrayó que esa actitud de diálogo con los distintos actores del campo representa un cambio positivo en la conducción del Ministerio de Agricultura.

La combinación de ambos elementos —una deuda millonaria acumulada y un nuevo enfoque de gestión en Agricultura— plantea una pregunta clave para el debate público: si la disposición al diálogo se traducirá en respuestas concretas para los productores o si quedará en el plano de las buenas intenciones. La agricultura dominicana enfrenta retos estructurales que exigen no solo voluntad política, sino también ejecución presupuestaria oportuna y transparente.

Conviene observar, por tanto, cómo evolucionan dos frentes: la manera en que el Gobierno honrará esos más de RD$400 millones y el impacto real de la nueva conducción en Agricultura sobre las demandas del campo. El escrutinio público sobre ambos asuntos será determinante para evaluar si las promesas de apertura y las obligaciones financieras pendientes encuentran una respuesta efectiva en la gestión.

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