Senasa: la historia secreta del Estado que perdió la cuenta de sus millones

La Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales registró una siniestralidad superior al 100 % en el Seguro Nacional de Salud (Senasa) durante 2023 y 2024 —108 % y 110.76 % en el régimen subsidiado—, mientras la Cámara de Cuentas emitía una opinión adversa sobre los estados financieros de la entidad en diciembre de 2021 que no se hizo pública hasta octubre de 2025 y la Superintendencia enviaba cinco oficios de alerta por incumplimiento de pagos entre junio de 2023 y diciembre de 2024, ninguno divulgado. La respuesta del sistema a dos años de alertas continuas fue una multa de 1,888,902.00 pesos en mayo de 2025, equivalente al 0.012 % de los 15,921 millones de pesos en daños a las reservas técnicas que el Ministerio Público imputó en la audiencia del 8 de diciembre de 2025.

El indicador de siniestralidad —cuánto paga la aseguradora por cada cien pesos que recibe— superó el 100 % en Senasa durante 2023 (102.3 %) y 2024 (105.6 %), y en el régimen subsidiado alcanzó 108 % en 2023, 110.76 % en 2024 y más de 130 % hasta mayo de 2025, según datos publicados por la propia Superintendencia. Aunque una siniestralidad superior a 100 % no implica quiebra automática —puede sostenerse con reservas, patrimonio o transferencias estatales—, constituye una señal de alerta que admite múltiples lecturas: cápita insuficiente, mayor utilización, otro perfil de riesgo, prestaciones nuevas, costos extraordinarios, errores de registro o facturación irregular. Lo que no consta en esos dos años es un diagnóstico publicado ni una intervención capaz de detener el deterioro.

La Cámara de Cuentas emitió una opinión adversa sobre los estados financieros de Senasa —la peor calificación posible— con 4,211 millones de pesos en observaciones, en un informe fechado el 15 de diciembre de 2021 que permaneció oculto hasta octubre de 2025. Entre junio de 2023 y diciembre de 2024, la Superintendencia escribió cinco oficios de alerta a Senasa por incumplimiento de pagos, ninguno público. Desde septiembre de 2024, el Colegio Médico y las clínicas denunciaban atrasos. El lunes 30 de junio de 2025, con todo eso publicado, el Presidente negó el déficit en LA Semanal con la Prensa: «No hay un déficit, se necesita un aporte extra del Estado como lo estamos haciendo». Una aseguradora que requiere un aporte extraordinario del Estado para cerrar el año describe, en la práctica, un déficit.

El Gobierno sostiene que el régimen subsidiado creció: la afiliación pasó de 3,958,495 personas en agosto de 2020 a 5,762,249 en diciembre de ese año, y estaba en 5,700,688 en marzo de 2025, con una cápita de 1,683.22 pesos fijada por el Estado. Sin embargo, el salto de afiliación ocurrió en 2020, el déficit aparece en 2023 y entre diciembre de 2020 y marzo de 2025 el padrón bajó levemente. El aumento de afiliados, por sí solo, no explica un deterioro que surge tres años después. La explicación requiere cruzar afiliación, cápita, utilización y costo por afiliado con una serie mensual que no está publicada. El artículo 176, literal e), de la Ley 87-01 faculta a la Superintendencia a pedir información «con la periodicidad que estime necesaria», sin plazo, sin mínimo y sin disparador automático. El pasivo lo declaraba el propio vigilado: el documento con las autorizaciones pendientes de pago lo produce y cierra la aseguradora, de modo que quien controlaba ese papel controlaba la deuda declarada y el número que el regulador leería.

La Ley 10-04 obliga a remitir al Ministerio Público las irregularidades detectadas, pero una opinión adversa de 2021 conocida en 2025 llega con cuatro años de retraso. El dato existía; lo que no había era la obligación de que alguien actuara cuando el dato cruzara la línea. Esa es la diferencia entre un sistema de supervisión y un archivo: un archivo guarda, un sistema actúa. Que el caso no lo destapara el control interno —sino una denuncia y la prensa— no es un detalle. Desde entonces, Senasa informó el 27 de enero de 2026 un cierre preliminar de 2025 que reduce el déficit acumulado en 1,034 millones de pesos, y el 10 de junio de 2026 publicó los estados financieros de 2024, los preliminares de 2025 y el primer trimestre de 2026, positivo en RD$1,283 millones. Los estados de 2024 se publicaron dieciocho meses después del cierre del ejercicio y los de 2025 siguen siendo preliminares, sin que conste que respondieran a plazo automático alguno.

Quedan pendientes el informe de la Cámara de Cuentas del 15 de diciembre de 2021 y la constancia de si fue remitido al Ministerio Público conforme al artículo 49 de la Ley 10-04; los cinco oficios de alerta y el informe del 13 de septiembre de 2025, que sigue sin publicarse; y la serie mensual, por aseguradora y por régimen, de afiliación, cápita, costo y siniestralidad desde 2019. Sin ella no se puede saber si fue un precio mal puesto o un costo inflado. Mientras no aparezcan, lo único que hay es esto: la alarma sonó durante dos años, estaba puesta donde debía, funcionaba, y la respuesta costó un millón ochocientos ochenta y ocho mil pesos.

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