Extinción de dominio en RD: cuando la justicia persigue fortunas, no personas

El jurista colombiano Julián Andrés Pimiento Echeverri advirtió que perseguir directamente a quienes se benefician de bienes adquiridos con dinero ilícito se ha convertido en un verdadero reto para la justicia, durante su ponencia "Juicios de extinción de dominio y el debido proceso" en el VI Congreso Internacional sobre el Derecho y la Justicia Constitucional.

La observación del experto apunta a una de las tensiones centrales del combate al crimen organizado: los recursos de origen ilícito rara vez permanecen en manos de sus autores directos. Cuando el dinero proveniente de actividades ilegales se transforma en apartamentos, vehículos u otros bienes registrados a nombre de terceros, la identificación y persecución de los beneficiarios reales de ese patrimonio se convierte en un obstáculo complejo para los sistemas judiciales. Esa cadena de intermediación —testaferros, familiares, sociedades interpuestas— dificulta establecer quién controla efectivamente el bien y con qué recursos se adquirió.

La extinción de dominio opera precisamente sobre esa lógica: no busca condenar a una persona por un delito, sino determinar el origen ilícito de un bien y separarlo del patrimonio de quien lo posee. Se trata, en esencia, de una acción sobre las cosas y no sobre las personas, lo que la convierte en una herramienta distinta —y complementaria— al proceso penal. Esa distinción es clave para entender por qué el jurista colombiano la sitúa como un desafío para la justicia: el proceso avanza sobre bienes, pero inevitablemente toca derechos de quienes figuran como titulares.

Ahí surge el punto que Pimiento Echeverri abordó en su conferencia: el equilibrio entre la eficacia de estos procesos y las garantías del debido proceso. Los titulares registrales de un bien bajo investigación tienen derecho a defenderse, a presentar pruebas sobre el origen lícito de sus recursos y a controvertir las decisiones judiciales. La pregunta de fondo es cómo lograr que esas garantías no se conviertan en un escudo para quienes, en realidad, administran patrimonio ajeno de procedencia ilegal.

La ponencia se desarrolló en el marco del VI Congreso Internacional sobre el Derecho y la Justicia Constitucional, un espacio que reunió a especialistas para debatir sobre los retos contemporáneos del derecho constitucional y la administración de justicia. La elección del tema por parte del jurista colombiano sugiere que la discusión sobre extinción de dominio no es exclusiva de un país: se trata de un debate regional sobre cómo los Estados enfrentan patrimonios de origen ilícito sin sacrificar derechos fundamentales.

Para los lectores, el asunto tiene una dimensión práctica: la extinción de dominio puede afectar a cualquier persona que figure como titular de un bien cuyo origen no pueda justificarse, incluso si no ha sido condenada penalmente. De ahí la importancia de observar cómo los tribunales aplican estas herramientas, qué estándares de prueba exigen y cómo protegen los derechos de quienes alegan buena fe. El debate planteado por Pimiento Echeverri apunta a que la eficacia de la persecución de fortunas ilícitas depende, en buena medida, de la solidez de las garantías procesales que la rodean.

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