Reformas fiscales en RD: el peso de la justicia natural en la economía dominicana
¿Justicia legal o justicia real? El dilema que sacude a República Dominicana: reformas fiscales, presupuesto e informalidad bajo la lupa.
La tensión entre lo jurídicamente correcto y lo socialmente justo atraviesa las decisiones públicas y privadas en la República Dominicana, un dilema que Aristóteles ya distinguía entre justicia legal y justicia natural, y que hoy se manifiesta en reformas fiscales, asignación presupuestaria, informalidad laboral y regulación financiera.
En materia de políticas públicas, las reformas fiscales suelen justificarse por sostenibilidad financiera o eficiencia recaudatoria, pero cuando la ciudadanía percibe cargas tributarias desiguales o falta de transparencia en el gasto, la percepción de injusticia debilita la confianza institucional y el respaldo social. Algo similar ocurre con el presupuesto: una distribución técnicamente eficiente puede profundizar brechas territoriales y sociales si no se complementa con criterios de equidad.
La elevada informalidad laboral ilustra otro ángulo del mismo problema. Para miles de trabajadores y pequeñas empresas, operar al margen de la formalidad responde más a una estrategia de supervivencia que a una decisión deliberada de incumplir la ley. Exigir el mismo nivel de cumplimiento a quienes parten de condiciones desiguales puede ser jurídicamente correcto pero socialmente insuficiente, lo que convierte la inclusión financiera en una condición necesaria para la formalización y la movilidad social.
La convergencia entre ambos valores es posible, como demostró el fortalecimiento de la regulación financiera tras la crisis bancaria de 2003, cuando se priorizó la protección del ahorro ciudadano sobre el interés inmediato de las instituciones. Ese mismo dilema se replica en decisiones gerenciales, como reducciones de plantilla, y en el ámbito familiar, donde tratar igual a quienes enfrentan circunstancias distintas puede resultar paradójicamente injusto. En la coyuntura actual del país, armonizar el rigor técnico con la equidad y la sensibilidad hacia las personas es la vía para construir legitimidad y consolidar la convivencia democrática.
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