TC debate garantías procesales y reformas normativas en segunda jornada de su congreso académico

El VI Congreso Internacional de Derecho y Justicia Constitucional, organizado por el Tribunal Constitucional (TC), celebró su segunda jornada con la participación de juristas nacionales e internacionales que analizaron las garantías del debido proceso, la valoración de la prueba, la independencia judicial y las implicaciones de la reciente reforma al Código Procesal Penal dominicano.

Durante la jornada se desarrollaron nueve conferencias y dos paneles en los que se abordaron los desafíos que enfrenta la administración de justicia y el fortalecimiento del Estado de derecho. El catedrático de Derecho Penal de la Universidad Autónoma de Madrid, Manuel Cancio Meliá, advirtió sobre los riesgos que representan para las garantías constitucionales las normas procesales restrictivas aplicadas a determinadas categorías de delitos. Por su parte, la catedrática de la Universidad Austral, María Sagüés, subrayó la importancia del debido proceso y el cumplimiento de las garantías constitucionales para asegurar una defensa efectiva.

El jurista Eduardo Jorge Prats abordó el impacto del populismo penal en el debido proceso y planteó que el derecho penal debe establecer límites al poder punitivo del Estado. Asimismo, el juez de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Francisco Ortega Polanco, sostuvo que las relaciones entre las cortes supremas deben desarrollarse mediante el diálogo y la colaboración, en lugar de convertirse en confrontaciones. El exjuez del Tribunal Constitucional de Perú, Gerardo Eto Cruz, destacó el papel de los tribunales constitucionales en el control de los excesos de poder y en la protección del debido proceso.

Uno de los espacios de la jornada estuvo dedicado a las novedades del nuevo Código Procesal Penal dominicano, recientemente reformado. La jurista Emery Colomby Rodríguez señaló que algunas de las restricciones incorporadas en la reforma deben ser examinadas desde una perspectiva constitucional. El jurista Francisco Álvarez destacó los cambios experimentados por la jurisprudencia dominicana durante la última década y consideró que las modificaciones al Código Procesal Penal representan transformaciones en el sistema judicial. También participó la titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Mirna Ortiz, quien explicó aspectos de la reforma vinculados con la investigación, el proceso y el juicio, entre ellos la flexibilización de las salidas alternas. El primer suplente del Defensor del Pueblo, Roberto Quiroz, abordó la jurisdicción privilegiada y explicó que esta competencia especial busca proteger la función pública y evitar posibles abusos de poder político durante las investigaciones. El director jurídico del Tribunal Constitucional, Wilmer Espinosa, expuso sobre la incidencia de las decisiones de esa alta corte en la reforma del Código Procesal Penal y citó varias sentencias relacionadas con la materia.

La jornada también incluyó exposiciones sobre la motivación de las decisiones judiciales, la neutralidad de los jueces, la legitimidad democrática de la justicia y el debido proceso en procedimientos sancionadores contra actuaciones de la administración pública. El congreso concluyó su segunda jornada con el panel “Las prácticas distorsionadas”, en el que fueron abordados aspectos relacionados con la lectura y alcance de las acusaciones, la audiencia preliminar, las solicitudes de medidas de coerción, la preparación de los documentos acusatorios y el papel de los jueces en la dirección de las audiencias.

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