El Estado pierde la cuenta de sus propios recursos

El Estado dominicano paga RD$10,915.19 millones al año a 28,880 personas bajo el renglón «Poder Ejecutivo» de su nómina de pensiones, sin que exista un padrón público de beneficiarios, criterios de elegibilidad publicados, auditorías conocidas ni datos sobre cuántos de ellos trabajaron alguna vez para el Estado, según un análisis basado en documentos oficiales y organismos multilaterales.

La cifra representa el 21.27 % de la nómina de pensiones administrada por la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones —no la del sistema de capitalización individual— y equivale a un promedio de RD$31,494 mensuales por beneficiario, frente a los RD$6,000 de la pensión solidaria que atiende a más del doble de personas: 60,602, con un costo total inferior a la mitad.

El marco legal invocado es la Ley 379-81, que circunscribe el régimen a «Funcionarios y Empleados Civiles» que hayan prestado servicios al Estado. Sus artículos 1 y 3 establecen los requisitos de edad, años de servicio e invalidez, y el propio texto dispone que «en los casos no previstos en la presente Ley, las Pensiones solo podrán ser concedidas por el Congreso Nacional». El análisis sostiene que un decreto que otorga una pensión a alguien sin vínculo laboral con el Estado no aplica esa ley, sino que decide un caso reservado a otro poder.

El artículo 110 de la Constitución protege la seguridad jurídica de situaciones establecidas conforme a una legislación anterior, lo que impide cancelar la nómina por decreto, pero la Ley 107-13 obliga a la Administración a declarar lesivo un acto y someterlo al Tribunal Superior Administrativo para revertirlo, caso por caso. La propuesta planteada incluye publicar un padrón consolidado en datos abiertos con nombre, monto, número de decreto, fecha y fundamento invocado, así como legislar criterios de elegibilidad, topes, motivación obligatoria y auditoría anual de la Cámara de Cuentas.

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