Senasa 2.0 arranca su batalla legal mientras el Ministerio Público apunta a una nueva fase

La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional aplazó para este miércoles a las 2:00 de la tarde el conocimiento de la medida de coerción contra los 26 imputados del caso Senasa 2.0, una nueva fase de la investigación por presuntas irregularidades en el Seguro Nacional de Salud que, según el Ministerio Público, implicó un desfalco de 41.1 millones de pesos entre enero de 2021 y febrero de 2025.

El expediente acusatorio, de 525 páginas, detalla que durante ese período se aprobaron 4,363 autorizaciones de consultas y procedimientos médicos facturados a nombre de afiliados que nunca los solicitaron. El mecanismo, según la acusación, partía de la utilización de información real de los afiliados: los integrantes de la red obtenían los datos, solicitaban las autorizaciones y posteriormente reclamaban el pago a la aseguradora estatal, aunque los servicios no se hubieran realizado. Los fiscales sostienen además que el esquema afectaba directamente a los afiliados porque las reclamaciones consumían parte de la cobertura disponible en sus pólizas.

Entre las irregularidades descritas figuran expedientes clínicos confeccionados con datos personales de afiliados que nunca recibieron las consultas o procedimientos registrados, firmas falsificadas y uso de sellos médicos. En uno de los casos citados, aparecieron consultas ginecológicas registradas a nombre de hombres que negaron haberlas recibido. La investigación identifica a empleados de Senasa que habrían facilitado el acceso a información confidencial o intervenido en la agilización de pagos. Entre los señalados está Ángel Luis Guzmán Vásquez, exauxiliar de Autorizaciones Médicas y considerado uno de los principales articuladores de esta línea, detenido en abril cuando intentaba salir del país y actualmente en prisión preventiva. Su hermano, Angeury Guzmán Vásquez, figura entre los nuevos imputados. El abogado de ambos, Billy Gerónimo, declaró que sus representados están dispuestos a cooperar con el Ministerio Público.

La nueva fase se suma al proceso abierto en diciembre de 2025 contra el entonces exdirector ejecutivo de Senasa, Santiago Hazim, y otras nueve personas, por un presunto perjuicio superior a RD$15,900 millones. El Ministerio Público ha advertido que la investigación puede ampliarse a otras personas o entidades. "Hasta el momento son personas físicas", dijo la titular de la Pepca, Mirna Ortiz, antes de agregar que las investigaciones "suelen ampliarse" y que "apenas estamos comenzando". El director de Persecución, Wilson Camacho, publicó en X un mensaje compuesto por "3.0" y varios emojis, sin mencionar directamente a Senasa ni explicar el significado de la publicación.

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