Más de la mitad de los trabajadores dominicanos sigue sin contrato ni seguridad social
Informalidad laboral baja a 53.8% en RD, pero más de la mitad sigue sin empleo formal. Descubre qué significa para tu futuro y el del país.
La informalidad laboral en República Dominicana se redujo a 53.8 % en el segundo trimestre de 2026, una mejoría que, aunque insuficiente, marca una ligera tendencia a la baja respecto al 54.1 % del primer trimestre y al promedio histórico de 56.7 %, según datos del Banco Central. La cifra, sin embargo, confirma que más de la mitad de los trabajadores dominicanos continúa obteniendo su sustento fuera del empleo formal, una realidad que condiciona el presente y el futuro del mercado laboral y de las finanzas públicas.
Detrás del porcentaje hay una realidad cotidiana que afecta a millones de personas. Quienes trabajan en la informalidad suelen quedar sin protección frente a enfermedades, accidentes, desempleo y vejez. A esto se suman ingresos más inestables, menor acceso al crédito y dificultades para acumular derechos previsionales. La informalidad no es solo una categoría estadística: es la diferencia entre tener o no una red de seguridad cuando ocurre una emergencia.
El impacto también se siente en las cuentas del Estado. Una base contributiva limitada se traduce en menor recaudación fiscal y en una presión constante sobre los programas asistenciales, que deben atender a trabajadores cuyos aportes no llegan al sistema. En la práctica, la informalidad traslada al presupuesto público costos que deberían cubrirse con la relación laboral formal, y reduce la capacidad del Estado para invertir en servicios e infraestructura.
El Banco Central informó que, de los 147,456 empleos netos creados en un año, 74,794 fueron formales y 72,663 informales. Esa distribución revela un equilibrio relativo en la nueva ocupación, pero también la incapacidad de la economía para generar puestos productivos, protegidos y bien remunerados al ritmo que demanda la población. Cada empleo informal que se crea es, en cierto modo, una oportunidad perdida para ampliar la base de cotizantes y fortalecer el sistema de seguridad social.
El análisis especializado advierte que formalizar el empleo no puede reducirse a endurecer controles ni multiplicar trámites. Requiere simplificar regulaciones, aliviar costos, apoyar a las pequeñas empresas, elevar la productividad y vincular mejor la capacitación con la demanda laboral. La experiencia regional sugiere que las estrategias más efectivas combinan incentivos para el registro, reducción de cargas administrativas y políticas activas de empleo, en lugar de limitarse a la fiscalización.
El avance merece reconocimiento, pero no complacencia. Una economía no puede considerarse plenamente moderna mientras la mayoría de sus trabajadores permanezca fuera de sus instituciones. La reducción de la informalidad es una señal positiva, pero su ritmo es lento y su magnitud aún compromete la calidad del empleo, la sostenibilidad de la protección social y la equidad del desarrollo. Conviene observar si la tendencia a la baja se consolida en los próximos trimestres y si las políticas públicas acompañan ese descenso con resultados medibles.
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