Abogado sale en defensa de imputada en trama Senasa 2.0

Pedro Botello resurge como abogado en el caso Senasa 2.0 y denuncia allanamiento y violación al debido proceso contra su clienta.

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El controvertido exdiputado Pedro Botello reapareció este viernes en el escenario público, esta vez como abogado de una de las detenidas en el caso Senasa 2.0, a quien aseguró fue "traída por las greñas" a la Procuraduría General de la República sin haber sido citada previamente a un interrogatorio.

Botello, quien ocupó una curul en la Cámara de Diputados por el Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) durante 14 años, denunció que su clienta —una profesional de la salud cuya identidad no reveló— fue allanada en su vivienda sin que se le diera participación en el proceso. "Ha sido traída a este proceso por las greñas, como chivo expiatorio, como parte de lo que es un circo mediático", declaró el exlegislador a su llegada a la Procuraduría.

El abogado calificó el procedimiento como violatorio del debido proceso de ley. "Simplemente llegaron a tu casa y te tumbaron la puerta sin darte participación, sin invitarte a una entrevista, o sea, un proceso totalmente que vulnera el debido proceso de ley", agregó Botello, cuya defendida permanece en turno para ser interrogada por el Ministerio Público.

Durante la tarde de este viernes, varios de los detenidos fueron conducidos hacia la Fiscalía de Ciudad Nueva tras ser entrevistados. Una mujer de aproximadamente 50 años, cuya identidad no fue difundida, fue liberada y abandonó el recinto junto a su abogado. El Ministerio Público desplegó la madrugada de este viernes el operativo del caso Senasa 2.0 con el apresamiento de 28 personas vinculadas a una estructura que, según la acusación, operaba dentro del Seguro Nacional de Salud mediante sobornos, alteración de estados financieros, programas especiales sin sustento jurídico, doble facturación y falsificación de documentos para sustraer miles de millones de pesos de los fondos públicos. La trama involucraría a exfuncionarios del Senasa, médicos y prestadores de servicios de salud. El Ministerio Público tiene 48 horas para presentar la solicitud de medida de coerción ante la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional.

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