Analizan una ley para declarar El Romero como área protegida

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“Proteja El Romero: 20 legisladores unen fuerzas para convertir en reserva natural la zona de San Juan, antes de que la minería arrase con su belleza natural.”

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Un bloque de 20 legisladores de la oposición depositó en la Cámara de Diputados y en el Senado dos proyectos de ley orientados a declarar como área protegida la zona de El Romero, en la provincia San Juan, antes de que el presidente Luis Abinader ordenara detener de “manera inmediata” cualquier actividad en ese lugar.

Las iniciativas están encabezadas por el diputado Mélido Mercedes y el senador Félix Bautista, ambos de la Fuerza del Pueblo, y cuentan con la firma de otros 18 congresistas de partidos opositores. El objetivo común es crear una reserva natural en la cordillera Central, en el área donde la empresa Gold. Quest buscaba un permiso para explotar minería.

Los proyectos se apoyan en la Ley 202-04 sobre Áreas Protegidas, que define las reservas naturales como espacios poco intervenidos, con características y procesos naturales conservados, sin presencia humana permanente o significativa. Bajo ese marco, los proponentes sostienen que El Romero reúne condiciones para recibir esa categoría de protección.

Entre los principales argumentos figura el impacto que podría generar la minería sobre el entorno. Los textos legislativos advierten sobre la posible contaminación de suelos y fuentes de agua, así como sobre afectaciones a la salud de las comunidades y a la producción agropecuaria. En la propuesta que cursa en el Senado se afirma, además, que los daños ambientales de un proyecto minero en esa zona “serían irreversibles y no compensables” frente a los beneficios económicos esperados.

Ambas iniciativas parten de la idea de que el medio ambiente y los recursos naturales constituyen un patrimonio colectivo cuya preservación resulta esencial para el presente y el futuro. También ponen el foco en el agua, considerada un recurso estratégico para la vida, el consumo humano y la actividad económica, especialmente en una provincia como San Juan, descrita como una de las principales áreas agrícolas del país.

Los proyectos resaltan que el Valle de San Juan aporta una parte importante de cultivos como arroz, habichuelas, maíz, guandul y batata, además de sostener la ganadería. Asimismo, señalan que la Cordillera Central es una fuente clave de agua para la región, a través de ríos como el Yaque del Sur y el San Juan, que alimentan presas utilizadas para riego y consumo humano. La delimitación propuesta incluye comunidades como La Ciénaga, Río Arriba del Norte y varios parajes del distrito municipal de Sabaneta, con extensiones de 60 kilómetros cuadrados en una iniciativa y 50 kilómetros cuadrados en la otra, ambas con zonas de amortiguamiento.

Las diferencias entre los textos aparecen en el modelo de administración. Uno plantea un patronato integrado por representantes políticos, institucionales, empresariales y comunitarios, con tareas de coordinación, supervisión y promoción del ecoturismo. El otro deja la gestión en manos del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales y fija un plazo de seis meses para elaborar un plan de manejo integral. En ambos casos, se prevén sanciones conforme a la normativa ambiental vigente y la posibilidad de expropiar terrenos si fuera necesario para asegurar la protección del área.

Fuente original: consultar publicación original.

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