Santo Domingo colapsa: el caos vehicular exige soluciones urgentes

La designación del general Méndez al frente del Intrant reabre el debate sobre la fiscalización de motocicletas en Santo Domingo, donde cada año se incorporan 200,000 unidades al tráfico sin que sus conductores cuenten con permiso, examen teórico o prueba práctica del código de circulación. El problema de fondo, señalan sectores vinculados a la movilidad, es que las soluciones institucionales suelen omitir un paso crucial: verificar la aptitud de quienes manejan vehículos de dos ruedas.

Esa omisión no es un detalle administrativo. Sin un filtro real sobre quién puede conducir una motocicleta, cualquier política de fiscalización queda coja: se pueden multiplicar operativos y puntos de control, pero si el conductor nunca demostró que conoce las reglas ni que sabe maniobrar, el riesgo permanece intacto. El resultado es un círculo vicioso en el que la informalidad se reproduce más rápido de lo que el Estado logra regularla.

A esto se suma la necesidad de exigir responsabilidades a las empresas y sindicatos de motoconchistas cuando sus afiliados provocan accidentes, así como la aplicación de multas que realmente disuadan. La impunidad de las estructuras que agrupan a los conductores desincentiva cualquier mejora: si el costo de un siniestro recae solo sobre la víctima o sobre un conductor sin patrimonio, la sanción pierde su función correctiva y el sistema sigue premiando la negligencia.

En el caso de los vehículos particulares, la situación en Santo Domingo guarda similitudes con otras grandes ciudades: resultan caros de mantener, el espacio para guardarlos es cada vez más escaso y el parqueo es prácticamente imposible. La diferencia, apuntan, es que mientras en otras urbes el transporte colectivo es eficiente y rápido, aquí el vehículo privado sigue siendo imprescindible. Esa dependencia explica por qué los llamados a dejar el carro en casa chocan con una realidad donde la alternativa no existe o no funciona con la confiabilidad necesaria.

La expansión del Metro en vagones y líneas, complementada con teleféricos o tranvías, se perfila como la solución de fondo, aunque paulatina y a largo plazo. Se trata de una apuesta estructural: ningún plan de fiscalización, por estricto que sea, sustituye la necesidad de ofrecer un sistema de transporte público que compita en tiempo, costo y comodidad con la motocicleta y el automóvil privado.

Mientras esa transformación avanza y la mentalidad ciudadana cambia, la designación del general Méndez en el Intrant es valorada como acertada, pese a las críticas de quienes alegan que no es especialista en tránsito, un argumento que, según esta posición, tampoco aplicaba a sus predecesores. Se destaca, en cambio, su capacidad para coordinar cuerpos y manejar emergencias, en un ámbito que todos coinciden en calificar como tal. La prueba de fuego será si esa capacidad de gestión se traduce en controles efectivos, sanciones aplicables y una reducción medible de la siniestralidad, o si el debate vuelve a quedarse en el nombramiento.

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