Lujo millonario en RD: el derroche que indigna mientras crece la desigualdad

República Dominicana acumula millones de pesos y dólares invertidos en obras abandonadas que se deterioran con el paso del tiempo, mientras amplios sectores de la población siguen careciendo de servicios básicos. El fenómeno, documentado en casos concretos que van desde un mercado completamente equipado y cerrado durante catorce años hasta un liceo convertido en refugio de vacas, expone fallas de planificación y continuidad institucional que terminan agravando la pobreza y desperdiciando recursos que podrían destinarse a necesidades urgentes.

El caso más ilustrativo es el mercado de Villas Agrícolas: una infraestructura de 16 millones de dólares, terminada y equipada, que permanece cerrada desde hace catorce años. A ello se suma un liceo de 24 aulas en Los Peralejos que hoy funciona como refugio de ganado, y una estancia infantil con un 90% de construcción paralizada desde 2014. La lista continúa con la terminal de autobuses del Cibao, el mercado de Los Rieles, el antiguo edificio del IDSS y el Teatro Agua y Luz, todos en estado de abandono. Son proyectos que en su momento se presentaron como soluciones y que hoy representan pérdidas netas para el erario.

El patrón se repite con cada administración: se anuncian rescates, se preparan planos, se prometen presupuestos o se atribuye la parálisis a litigios, deudas y trámites burocráticos. Mientras tanto, el óxido avanza, la maleza crece y el costo de recuperación aumenta. La inversión pierde valor de forma progresiva, y el Estado sigue alquilando oficinas, faltan aulas escolares y los comerciantes continúan trabajando en condiciones antihigiénicas. Es un círculo donde el dinero público se convierte en ruina y la ciudadanía paga dos veces: primero con la obra inconclusa y luego con los servicios que no recibe.

Para el lector, estos casos no son anécdotas aisladas. Cada obra abandonada implica recursos que no llegaron a hospitales, escuelas o infraestructura vial; cada año de deterioro encarece la reparación futura y reduce el retorno social de lo ya invertido. Además, la convivencia de proyectos millonarios paralizados con carencias básicas no resueltas alimenta la percepción de que el gasto público no responde a prioridades colectivas, sino a decisiones descoordinadas o a intereses que trascienden el ciclo de gobierno.

La situación evidencia que gobernar no solo implica iniciar proyectos, sino también terminarlos, conservarlos y ponerlos en funcionamiento. La falta de continuidad entre administraciones, la ausencia de mecanismos de rendición de cuentas sobre obras inconclusas y la debilidad en la planificación son factores que se repiten. Conviene observar si las promesas de rescate se traducen en cronogramas verificables y en asignaciones presupuestarias concretas, o si, como ha ocurrido hasta ahora, quedan en anuncios que no revierten el abandono.

En un país con necesidades apremiantes, convertir el dinero público en ruinas constituye una forma de empobrecer aún más a quienes ya tienen poco. La discusión no es solo sobre infraestructura: es sobre la calidad de la gestión pública y sobre si el Estado asume la responsabilidad de proteger lo que ya se construyó con recursos de todos.

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