Trabajo forzoso en RD sigue sin castigo: Gobierno posterga medidas clave

La Dirección General de Aduanas (DGA) todavía no aplica los procedimientos para impedir la entrada al país de productos vinculados al trabajo forzoso, una demora que el propio director de la institución, Nelson Arroyo, atribuye a que el Ministerio de Trabajo no ha definido las pautas técnicas exigidas por el Decreto 502-26. La situación ocurre en un momento en que el empresariado dominicano sigue con preocupación los efectos del arancel del 12.5 % aplicado por Estados Unidos, lo que añade presión sobre un tema que combina comercio, derechos laborales y credibilidad regulatoria.

El Decreto 502-26, emitido por el presidente Luis Abinader, prohíbe el ingreso de mercancías producidas mediante trabajo forzoso y coloca a la DGA como responsable de iniciar el procedimiento administrativo correspondiente. Ese procedimiento también puede activarse de oficio, es decir, sin necesidad de una denuncia previa. Sin embargo, Arroyo sostuvo que su institución no puede adoptar medidas hasta recibir las directrices técnicas del Ministerio de Trabajo. "Hasta que el Ministerio de Trabajo no dé las pautas técnicas, nosotros no podemos tomar medidas", declaró el funcionario.

El titular de Aduanas indicó además que ha contactado recientemente a Eddy Olivares para abordar el tema, aunque no precisó una fecha para la entrada en vigor de las disposiciones ni del registro de mercancías. También señaló que se requieren denuncias específicas para impedir la entrada de productos cuyo origen esté vinculado al trabajo forzoso. Ese punto es clave para interpretar la noticia: la norma existe, pero su aplicación práctica depende de protocolos operativos, criterios de identificación y un flujo claro de denuncias o actuaciones de oficio.

Para los lectores, el asunto tiene implicaciones que van más allá del trámite administrativo. Las reglas contra el trabajo forzoso en las cadenas de suministro se han convertido en un estándar creciente en el comercio internacional, y su ausencia o aplicación tardía puede afectar la posición de un país en mercados exigentes. En el caso dominicano, la preocupación empresarial por el arancel estadounidense del 12.5 % sugiere que el sector productivo observa con inquietud cómo estas demoras pueden incidir en la competitividad y en la percepción de cumplimiento normativo.

Conviene observar varios elementos en los próximos pasos: si el Ministerio de Trabajo entrega las pautas técnicas pendientes, si la DGA activa el registro de mercancías y si se define un cronograma para la entrada en vigor. También será relevante ver cómo se articulan las denuncias específicas con la facultad de actuar de oficio que contempla el decreto, pues de ello dependerá que la prohibición pase del papel a la práctica aduanera.

Fuente original: consultar publicación original.