DGCP instaura nuevo reglamento de peritos para blindar la transparencia en compras del Estado

La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) puso en vigencia este jueves el Reglamento DGCP-SNCP-05-2026 de Peritos en Contratación Pública, una normativa que define el marco regulatorio para la selección, acreditación y desempeño de los profesionales que intervienen en la estructuración técnica y evaluación de ofertas en los procesos de compras estatales.

La nueva disposición establece los requisitos y procedimientos que deberán cumplir los peritos para ser designados en los procesos de contratación, así como las responsabilidades que asumirán en la revisión de las propuestas presentadas por los oferentes. Con esta regulación, la DGCP busca garantizar mayor transparencia y rigor técnico en las decisiones que toman las instituciones públicas al momento de adjudicar contratos, un eslabón crítico donde históricamente se han concentrado observaciones por parte de organismos de control y la sociedad civil.

El reglamento también precisa las causas de incompatibilidad y las sanciones aplicables a los peritos que incumplan con sus deberes, fortaleciendo así los mecanismos de control y supervisión dentro del sistema nacional de compras. La medida responde a la necesidad de profesionalizar la gestión de los recursos públicos y reducir los riesgos de irregularidades en los procedimientos licitatorios, un tema que ha cobrado relevancia en la agenda institucional dominicana ante los constantes llamados a elevar la eficiencia del gasto público.

Para los ciudadanos y los sectores productivos, esta normativa tiene implicaciones prácticas. Un marco regulatorio más claro para los peritos significa que las evaluaciones técnicas de las ofertas descansarán en criterios objetivos y verificables, lo que reduce el margen para decisiones discrecionales que puedan favorecer a determinados oferentes. Esto no solo protege los recursos del Estado, sino que también genera un entorno de competencia más equitativo para las empresas que participan en las licitaciones públicas, muchas de las cuales dependen de estos contratos para su sostenibilidad.

Conviene observar cómo se implementará la acreditación de los peritos en los próximos meses, especialmente en lo relativo a la conformación de padrones o listas oficiales, la capacitación exigida y los plazos para que las instituciones públicas adopten plenamente el nuevo reglamento. Otro punto de atención será la aplicación efectiva de las sanciones previstas, pues de ello dependerá que la norma no quede solo en el papel, sino que se traduzca en un cambio real en la cultura de las contrataciones estatales.

La iniciativa se enmarca en un esfuerzo más amplio de la DGCP por modernizar el sistema de compras públicas dominicano, que maneja un volumen significativo de recursos cada año. La existencia de reglas claras para los peritos es un complemento necesario a otras herramientas como el uso de plataformas electrónicas y los acuerdos marco, que buscan hacer más ágil y menos opaca la relación entre el Estado y sus proveedores. El éxito de esta regulación dependerá, en última instancia, de la voluntad institucional para hacerla cumplir y de la vigilancia ciudadana sobre los procesos que impactan directamente la calidad de los servicios públicos.

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