Fuerza del Pueblo arremete contra el Gobierno por caos vial y demanda acciones urgentes en seguridad

El dirigente de la Fuerza del Pueblo, Mario Holguín, cuestionó este lunes la política de movilidad del Gobierno y exigió que, tras seis años de gestión, las inversiones en infraestructura y transporte se traduzcan en una reducción efectiva de muertes y lesiones graves en las vías dominicanas.

Holguín, titular de la Secretaría de Seguridad Vial de esa organización (Sesvialfp), reconoció en un documento de prensa la importancia de mejorar la conectividad nacional y desarrollar sistemas de transporte colectivo modernos. Sin embargo, advirtió que “una infraestructura que permite llegar más rápido pero no garantiza llegar con vida no puede constituir el objetivo final de una política pública de movilidad”. La declaración pone el foco en un debate que suele quedar relegado en el país: la seguridad vial como eje central de la planificación urbana y de transporte.

Las declaraciones surgen tras la presentación del Gobierno en La Semanal, donde se destacaron 957 kilómetros de carreteras en construcción, 220 puentes, circunvalaciones, elevados y la expansión del Metro, teleféricos y el Monorriel de Santiago. Para Holguín, estos avances deben evaluarse por su impacto en la protección de peatones, motociclistas y otros usuarios vulnerables, no solo por la capacidad instalada. Esta observación cobra relevancia en un contexto donde los accidentes de tránsito representan una de las principales causas de muerte violenta en República Dominicana, según organismos internacionales y locales.

El dirigente político también señaló que un levantamiento de Sesvialfp identifica aproximadamente US$2,460 millones en financiamiento internacional vinculado al sector desde 2020, y cuestionó que no se hayan transparentado los resultados concretos de esa inversión. “El país necesita conocer qué resultados concretos está comprando con más de US$2,460 millones de financiamiento internacional”, afirmó, al tiempo que criticó la inestabilidad institucional en el organismo regulador del tránsito, que ha tenido cinco directores en el período. La rotación en la cúpula del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) ha sido una constante que, según expertos, dificulta la continuidad de políticas públicas de largo plazo.

El planteamiento de la Fuerza del Pueblo introduce un elemento clave para la discusión pública: la rendición de cuentas sobre el uso de préstamos multilaterales y su relación con resultados medibles en seguridad vial. La falta de datos actualizados y verificables sobre siniestralidad, así como la ausencia de metas públicas claras, son vacíos que la organización política busca señalar. Para el ciudadano común, la pregunta que subyace es si las nuevas autopistas y sistemas de transporte masivo reducirán efectivamente los tiempos de traslado y, sobre todo, los riesgos de morir o resultar herido en el trayecto.

En los próximos meses, será pertinente observar si el Gobierno ofrece indicadores oficiales sobre reducción de fatalidades, lesiones graves y siniestros, así como detalles sobre la ejecución de los fondos internacionales comprometidos. También convendrá dar seguimiento a la estabilidad del Intrant y a la implementación de campañas de educación vial, que suelen ser el eslabón más débil en la cadena de prevención. La seguridad vial no se resuelve solo con cemento y concreto; requiere institucionalidad, fiscalización y una cultura de respeto a las normas que aún está pendiente en el país.

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