Selinée Méndez exige revisión de fundaciones tras rescate de 14 menores en estado crítico

La diputada Selinée Méndez exigió este miércoles a las autoridades una revisión exhaustiva de todas las fundaciones y centros que albergan menores en el país, tras el hallazgo de 14 niños en condiciones que calificó como “un infierno” en un centro de Haina, provincia San Cristóbal. El caso ha reabierto el debate sobre la efectividad de los mecanismos de supervisión estatal en materia de protección infantil.

La legisladora mostró su preocupación por las informaciones que apuntan a que el establecimiento intervenido habría sido inspeccionado por el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani) hace aproximadamente un año. Méndez señaló que, de confirmarse esa versión, se evidenciarían graves fallas en los mecanismos de supervisión estatal. “Si eso es cierto, definitivamente aquí las autoridades no se respetan”, manifestó, subrayando la contradicción entre los protocolos oficiales y la realidad que enfrentan los menores en centros de acogida.

La congresista cuestionó que las instituciones reaccionen solo después de que ocurren tragedias y demandó acciones preventivas. “¿Hasta cuándo vamos a seguir así?”, planteó, al tiempo que insistió en que el Estado, con su presupuesto y el Conani, tiene la responsabilidad de garantizar condiciones dignas para los niños bajo tutela institucional. Este llamado cobra relevancia en un contexto donde las denuncias sobre abusos en albergues y fundaciones han sido recurrentes en los últimos años, sin que se haya materializado una reforma profunda del sistema de protección.

Méndez también instó a prestar atención a las denuncias de los vecinos y de los propios menores, advirtiendo que muchas veces los avisos de maltrato son ignorados hasta que ocurre un hecho fatal. “En este país solamente se le pone el candado cuando hay una tragedia muy grande”, sentenció, llamando a convertir el caso en una oportunidad para fortalecer la vigilancia del sistema de protección infantil. Sus declaraciones reflejan una preocupación compartida por organizaciones de la sociedad civil, que históricamente han señalado la falta de recursos y personal capacitado en las entidades encargadas de velar por la niñez.

El caso de Haina pone de relieve la necesidad de que las autoridades no solo investiguen el centro intervenido, sino que auditen de manera integral las condiciones de operación de todas las organizaciones que reciben fondos públicos o privados para el cuidado de menores. La transparencia en los procesos de certificación y la rendición de cuentas periódica son elementos clave que la ciudadanía debe exigir para evitar que situaciones similares se repitan.

De cara al futuro, será fundamental observar si el Conani y el Ministerio Público amplían sus investigaciones más allá de este caso puntual, y si se implementan medidas correctivas que incluyan inspecciones sorpresa, sanciones efectivas y mecanismos de denuncia accesibles para los menores y las comunidades. La protección de la infancia no puede depender de la voluntad política del momento, sino de un sistema robusto que priorice la prevención sobre la reacción.

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