Imputado por robo de municiones permanecerá tras las rejas

La Tercera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional declaró inadmisible el recurso del coronel Narciso Antonio Féliz Romero, exencargado de la Intendencia de Armas de la Policía Nacional, que buscaba modificar la prisión preventiva que cumple por su presunta implicación en la sustracción de miles de municiones. La decisión, solicitada por el Ministerio Público, refuerza la posición procesal del exoficial mientras avanza una de las investigaciones de mayor alcance contra el tráfico ilícito de material bélico en el país.

El tribunal de alzada acogió el planteamiento de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), que argumentó que el recurso carecía de objeto porque el Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional aún debe resolver una petición con los mismos fines. Esta instancia tiene previsto pronunciarse el 9 de septiembre de 2026, fecha en la que también decidirá si envía a juicio a Féliz Romero y a los demás imputados en el caso derivado de la Operación Pandora, ejecutada en noviembre de 2024.

Según la acusación, el coronel lideró durante su gestión un entramado que sustrajo y comercializó ilegalmente proyectiles, armas y explosivos bajo custodia policial, causando un perjuicio al Estado de 92,191,732.92 pesos. La magnitud del desfalco y la naturaleza de los bienes involucrados —material bélico destinado al uso institucional— han convertido este caso en un referente sobre los riesgos de corrupción en las fuerzas de seguridad, donde el control de arsenales es un punto crítico para la prevención del crimen organizado.

En el expediente también figuran el capitán Nelson Valdez, exdirector del Depósito de Armas, Municiones y Pertrechos, y otros siete procesados con distintas medidas de coerción. La Pepca acusa a un total de 11 personas por coalición de funcionarios, prevaricación, desfalco y asociación de malhechores, además de violaciones a la Ley 631-16 sobre Armas y delitos de legitimación de capitales y ocultamiento de pruebas. La pluralidad de cargos refleja la complejidad de una red que, según el Ministerio Público, operaba de manera sistemática dentro de la estructura policial.

Para los lectores, este caso tiene implicaciones directas en la confianza sobre el manejo de los recursos y el armamento estatal. La sustracción de municiones no solo representa una pérdida económica, sino un potencial peligro para la seguridad ciudadana si esos materiales llegaran a manos de organizaciones criminales. La decisión de la corte de mantener la prisión preventiva envía una señal sobre la firmeza judicial frente a delitos de esta gravedad, aunque el proceso aún está lejos de concluir.

Conviene observar el desarrollo de la audiencia del 9 de septiembre, cuando el juez de instrucción deberá determinar si existen méritos suficientes para abrir juicio de fondo. También será relevante conocer si la defensa de Féliz Romero presenta nuevos recursos ante instancias superiores, lo que podría extender los plazos procesales. La resolución de este caso sentará precedentes sobre la rendición de cuentas en las instituciones castrenses y la capacidad del sistema judicial para procesar redes de corrupción de alta complejidad.

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