Líder de banda en Haití lanza ultimátum: ejecutará a rehenes si no pagan rescate

El líder de una banda armada que mantiene a decenas de personas como rehenes en la comuna de Kenscoff, en las afueras de Puerto Príncipe, ha lanzado un ultimátum: ejecutará a los secuestrados si las autoridades intentan un operativo de rescate. La advertencia, difundida en un video por redes sociales, eleva la tensión en un país que ya acumula más de 3.000 muertos en lo que va de año.

El criminal, apodado Didi y también conocido como Izo 2, aseguró en la grabación que matará a más de 60 secuestrados —entre ellos niños, mujeres y jóvenes— si es atacado. "Si nos expulsan para que la población pueda volver a vivir en Kenscoff, expúlsennos bien. Pero no piensen que van a lanzar un ataque en el que incluso un perro que nos pertenece muera", declaró, mientras en el video se observan rostros de desesperación y madres amamantando a sus hijos. La amenaza no se limita a un escenario hipotético: Didi también ordenó por teléfono a sus hombres matar a "todos" en caso de una represalia policial, y afirmó que "su seguridad no depende de mí, sino del Estado".

La masacre ocurrió la madrugada del lunes, cuando las bandas incendiaron casas y vehículos en Kenscoff, una zona montañosa que históricamente ha servido como refugio para clases medias y altas de la capital. La ONU confirmó que 22 de las víctimas fueron ejecutadas presuntamente dentro de una iglesia donde se habían refugiado, un dato que subraya la brutalidad del ataque y la indefensión de la población civil. La banda de Didi forma parte de la coalición Viv Ansanm, liderada por el expolicía Jimmy Chérizier, apodado Barbecue, quien ha consolidado alianzas entre grupos rivales para ampliar su control territorial.

La situación en Kenscoff no es un episodio aislado, sino un síntoma del colapso institucional que atraviesa Haití. La OEA condenó el ataque y urgió a reforzar la fuerza antipandillas, pero la capacidad de respuesta del Estado es limitada: la policía nacional carece de recursos y la misión internacional de apoyo, liderada por Kenia, aún no ha logrado contener la expansión de los grupos armados. Para los lectores, la clave está en entender que estas bandas no solo controlan territorios, sino que también han convertido el secuestro y la violencia en una economía de guerra que afecta directamente a la población.

Las cifras oficiales reflejan una crisis humanitaria sin precedentes: en el primer semestre del año, la violencia dejó al menos 3.050 muertos y 1.401 heridos, mientras que 5,8 millones de personas enfrentan inseguridad alimentaria y 1,4 millones han sido desplazadas. Estos números no son abstractos: representan familias que huyen de sus hogares, niños que pierden el acceso a la educación y comunidades enteras que dependen de la ayuda internacional para sobrevivir. La amenaza de Didi, por tanto, no es solo un desafío a las autoridades, sino un recordatorio de que la estabilidad del país depende de una respuesta coordinada que aún no se materializa.

De cara a los próximos días, conviene observar si la comunidad internacional endurece su postura o si, por el contrario, las negociaciones con los grupos armados se convierten en una opción pragmática. También será crucial monitorear la evolución de la fuerza antipandillas y si el gobierno logra garantizar la seguridad de los rehenes sin desencadenar una masacre. Mientras tanto, Kenscoff se ha convertido en un símbolo de la impotencia estatal y del sufrimiento de una población que, una vez más, queda atrapada en el fuego cruzado de la violencia.

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