Raúl Martínez exige investigación por posible compromiso de RD$2,693 millones en Bienes Nacionales
FP exige a DIGEIG investigar a Bienes Nacionales por negligencia que costaría RD$2,693 millones al Estado.
El dirigente de la Fuerza del Pueblo (FP), Raúl Martínez, solicitó formalmente a la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG) investigar la actuación de funcionarios y abogados de la Dirección General de Bienes Nacionales en un proceso judicial que podría costar al Estado dominicano RD$2,693.9 millones por la pérdida de un recurso de casación.
La petición surge tras una investigación publicada por Diario Libre que revela que una omisión procesal de los representantes legales de Bienes Nacionales provocó la perención del recurso presentado ante la Suprema Corte de Justicia. El caso involucra terrenos ubicados en la avenida José Contreras, en el Distrito Nacional, donde el Estado deberá pagar RD$2,693,994,196.50 a los sucesores de los antiguos propietarios por 117,937.80 metros cuadrados.
Martínez, secretario de Asuntos Jurídicos de la FP, calificó el hecho como inaceptable dado que Bienes Nacionales sostenía que el monto pendiente era de aproximadamente RD$120.2 millones, una diferencia superior a RD$2,500 millones que el Estado no pudo discutir judicialmente. "Estamos hablando de casi RD$2,700 millones que tendrá que pagar el pueblo dominicano. Cuando una omisión de servidores públicos tiene consecuencias de esta magnitud, existe la obligación de investigar y explicar al país qué ocurrió", expresó.
El dirigente opositor exigió determinar quiénes tenían bajo su responsabilidad el expediente, qué mecanismos de supervisión existían y por qué transcurrieron tres años sin las actuaciones procesales requeridas. La sentencia TC/0771/26 del Tribunal Constitucional, del 17 de agosto de 2026, confirmó la extinción del recurso. Martínez exhortó a la DIGEIG a actuar de oficio y presentar los resultados de la investigación, subrayando que "los recursos del Estado son recursos de los ciudadanos" y que el país tiene derecho a saber cómo un litigio de semejante dimensión pudo quedar desprotegido.
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