Guido Gómez arremete contra el derroche oficial y clama por rescatar la ética en la política dominicana

El presidente del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel), Guido Gómez Mazara, llamó este lunes a una “restauración ética” en la política dominicana y cuestionó el estilo de vida ostentoso que, a su juicio, exhiben algunos dirigentes y funcionarios públicos, en un mensaje que coloca la conducta de los líderes en el centro del debate nacional.

En una publicación en su cuenta de X, el también dirigente del Partido Revolucionario Moderno (PRM) criticó que quienes ejercen funciones políticas sean identificados por la acumulación de bienes y lujos. “Los dirigentes y funcionarios no se pueden caracterizar por exhibir villas en Romana y Punta Cana, apartamentos en Miami, hotel en Jarabacoa, helicópteros y opulencia indecorosa”, escribió, en un señalamiento que no menciona nombres específicos pero que apunta a un patrón de comportamiento que, según su visión, se ha normalizado en el servicio público.

La declaración de Gómez Mazara ocurre en un contexto de creciente atención ciudadana sobre la transparencia y el manejo de los recursos del Estado. En República Dominicana, los debates sobre el patrimonio de los funcionarios no son nuevos, pero han cobrado fuerza en los últimos años debido al acceso a información pública y al escrutinio en redes sociales, donde cualquier señal de opulencia puede convertirse rápidamente en tendencia y generar presión sobre las instituciones.

El funcionario consideró que ese comportamiento debe ser revisado dentro del ejercicio político y cerró su mensaje con una expresión que resume su planteamiento: “Volver a la decencia”. La frase no solo apela a un código ético individual, sino que sugiere una crítica más amplia a un sistema que, a su juicio, ha premiado la apariencia de éxito material por encima de la vocación de servicio y el compromiso con el bienestar colectivo.

La postura de Gómez Mazara adquiere relevancia adicional por su doble condición: es un alto funcionario del Gobierno y, a la vez, un dirigente del partido oficialista. Su llamado interno a revisar conductas podría interpretarse como una advertencia sobre los riesgos que el descrédito ético representa para la sostenibilidad política del PRM y para la confianza de la ciudadanía en las instituciones democráticas.

El debate sobre la ética en el ejercicio público no es exclusivo de República Dominicana, pero en el país cobra matices particulares por la desigualdad económica y la percepción generalizada de que algunos cargos se utilizan para el enriquecimiento personal. La pregunta que queda planteada es si estas declaraciones se traducirán en acciones concretas, como mecanismos de control patrimonial más estrictos o códigos de conducta vinculantes, o si permanecerán como un llamado simbólico sin efectos prácticos.

Para los lectores, la clave está en observar si el mensaje de Gómez Mazara genera reacciones dentro del PRM y del Gobierno, si otros funcionarios se suman al llamado o si, por el contrario, el tema se diluye sin mayores consecuencias. La conducta de los líderes políticos no es un asunto menor: define la calidad de la democracia y la credibilidad de las instituciones que administran los recursos de todos los dominicanos.

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