Experto en Derecho Internacional avala salida de diplomáticos cubanos del país

El Gobierno dominicano actuó conforme al Derecho Diplomático Internacional al solicitar el retiro de nueve diplomáticos cubanos y sus familiares, según afirmó el abogado y juez de carrera Ramón Horacio González Pérez, quien destacó que la medida se sustenta en la Convención de Viena de 1961. La declaración del jurista busca zanjar el debate sobre la legalidad de la decisión oficial, en un contexto de tensión diplomática entre ambos países.

González Pérez explicó que el artículo 9 de dicha convención faculta al Estado receptor a declarar persona non grata a cualquier miembro del personal diplomático sin necesidad de exponer los motivos de su decisión. Este principio, piedra angular del derecho diplomático moderno, otorga a los Estados soberanos una herramienta discrecional para proteger sus intereses nacionales, aunque su aplicación suele generar controversia en el ámbito de las relaciones bilaterales. En ese sentido, consideró que la acción del Gobierno, comunicada por el ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez, está plenamente avalada por las normas internacionales.

El jurista también calificó como "razonable y prudente" el plazo otorgado a los diplomáticos para abandonar el territorio dominicano, señalando que en casos similares suelen concederse períodos más cortos, como 24 horas o tres días. Esta valoración resulta relevante para la opinión pública, pues sugiere que el Ejecutivo buscó un equilibrio entre la firmeza de la medida y el respeto a las garantías procesales de los funcionarios afectados. Asimismo, recordó que el Estado dominicano tiene la obligación de facilitar la salida de los declarados persona non grata conforme al Derecho Internacional, un deber que incluye la protección de los bienes y documentos oficiales de la misión diplomática.

En cuanto a las críticas que sugieren que la decisión responde a presiones del Gobierno de Estados Unidos, González Pérez las rechazó categóricamente, calificándolas de "especulativas y sin fundamento jurídico". "Las relaciones entre los Estados no se fundamentan en elucubraciones o divagaciones carentes de fundamento", manifestó, al tiempo que instó al Gobierno cubano a acatar la medida. Estas declaraciones buscan desvincular la acción dominicana de cualquier injerencia externa, un punto sensible en una región donde la política exterior suele ser objeto de escrutinio por posibles alineamientos geopolíticos.

Para el lector, conviene observar cómo evoluciona la respuesta oficial de La Habana y si la medida genera repercusiones en otros ámbitos de la relación bilateral, como el comercio, la cooperación consular o los vuelos entre ambos países. También será clave monitorear si el Gobierno dominicano ofrece una justificación más detallada en los próximos días, pues la Convención de Viena no exige explicaciones, pero la transparencia podría contribuir a reducir la especulación política. Mientras tanto, el respaldo de un jurista con trayectoria judicial aporta un marco técnico a una decisión que, más allá de su legalidad, refleja un giro en la política exterior dominicana hacia Cuba.

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