Intrant: los secretos que nadie quiso contar sobre el tránsito dominicano

El Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) enfrenta un escrutinio público luego de que se revelara la impresión de sus Memorias Institucionales 2024-2026 en papel satinado y a todo color, una práctica que contradice abiertamente la directriz gubernamental de austeridad vigente desde septiembre de 2024. La institución, responsable de regular uno de los sistemas de movilidad más caóticos del Caribe, ahora debe rendir cuentas no solo sobre sus políticas viales, sino sobre el destino de los recursos públicos bajo su administración.

La normativa emitida por el Palacio Nacional establece de manera inequívoca la prohibición de publicaciones suntuosas y ordena la digitalización de las memorias institucionales como mecanismo de transparencia y ahorro. Además, limita las impresiones autorizadas a cantidades estrictamente necesarias y prohíbe explícitamente la elaboración de estos documentos para rendiciones de cuentas. En este contexto, la decisión del Intrant de producir ejemplares de lujo no solo desacata una orden ejecutiva, sino que envía una señal preocupante sobre la cultura administrativa que persiste en algunas entidades del Estado dominicano.

Lo que agrava la situación es la aparente ausencia de un proceso de contratación identificable en los registros públicos. Hasta el momento, no se ha podido verificar quién fue el proveedor de estos materiales, cuántas copias se produjeron, qué contrato ampara la operación ni el monto erogado. Esta opacidad alimenta las sospechas de que se trata de una contratación directa o de un gasto que no siguió los cauces legales establecidos, lo que constituiría una violación adicional a las normas de gestión financiera pública.

Para el ciudadano común, este hecho tiene implicaciones directas. Cada peso destinado a impresiones suntuosas es un peso que no se invierte en mejorar la señalización vial, en modernizar los semáforos o en fortalecer los sistemas de fiscalización del transporte. En un país donde los accidentes de tránsito representan una de las principales causas de muerte evitable, la prioridad debería ser la seguridad vial y no la autocomplacencia institucional reflejada en documentos de lujo.

La situación del Intrant no es un caso aislado, sino un síntoma de un mal más profundo en la administración pública dominicana: la resistencia a adoptar plenamente la cultura de la transparencia y la rendición de cuentas. La digitalización de las memorias no solo representa un ahorro económico, sino una oportunidad para democratizar el acceso a la información, permitiendo que cualquier ciudadano consulte los logros y desafíos de las instituciones sin necesidad de intermediarios ni de costosos procesos de impresión.

El Intrant tiene ahora la obligación ineludible de transparentar cada detalle de esta operación. Debe explicar públicamente quién autorizó el gasto, qué criterios se utilizaron para seleccionar al proveedor y por qué se ignoró una directriz tan clara del órgano rector. Más allá de las explicaciones administrativas, la institución deberá demostrar con hechos que este tipo de prácticas no se repetirá y que los recursos públicos serán gestionados con la rigurosidad que exige la ciudadanía.

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