Funglode detecta 55 fallas en proyecto de Ley que reformará la Policía Nacional

La Fundación Global Democracia y Desarrollo (Funglode), a través de su Centro de Estudios de Seguridad y Defensa (Cesede), reveló este miércoles un análisis técnico que detecta 55 observaciones al proyecto de Ley Orgánica de la Policía Nacional, incluyendo 39 puntos de contradicción directa con la Constitución dominicana. El estudio, presentado durante un conversatorio académico, también identifica vacíos y contradicciones internas en el texto legislativo, así como compromisos económicos vinculados al régimen de pensiones de la institución que carecen de un estudio actuarial de acceso público, lo que genera inquietud sobre la sostenibilidad financiera de la propuesta.

La reforma policial es uno de los temas más sensibles en la agenda institucional dominicana, pues busca transformar un cuerpo que históricamente ha enfrentado cuestionamientos por su desempeño en materia de seguridad ciudadana y por denuncias de abusos. Sin embargo, el informe de Funglode pone sobre la mesa una advertencia clave: la urgencia de modernizar la institución no debe traducirse en una legislación que arrastre problemas de fondo. Las 39 contradicciones constitucionales detectadas representan un llamado de atención para el Congreso Nacional, donde el proyecto cursa actualmente.

Las observaciones abarcan los ámbitos constitucional, legal, económico, institucional y de seguridad ciudadana, lo que sugiere que las deficiencias no son menores ni exclusivamente técnicas. En el plano económico, el señalamiento sobre la falta de un estudio actuarial público para el régimen de pensiones policiales es particularmente relevante: sin ese respaldo, el Estado podría asumir compromisos fiscales de largo plazo sin conocer su impacto real en las finanzas públicas, un riesgo que ya ha sido advertido en otros sectores del sistema de seguridad social.

Durante el evento, que contó con la participación de juristas, exmagistrados, exfiscales y oficiales retirados, la entidad subrayó que "la necesidad de reformar la Policía Nacional no puede justificar una ley con debilidades constitucionales, jurídicas y financieras. La coyuntura no debe sustituir el análisis técnico". Esta postura refleja una preocupación compartida por sectores académicos y judiciales: la presión por aprobar una reforma no debería llevar a legislar apresuradamente, sobre todo en un tema que afecta directamente los derechos ciudadanos y el equilibrio de poderes.

En la actividad participaron los magistrados Vanahi Bello Dotel y José Alberto Cruceta Almánzar, el exjuez de la Suprema Corte de Justicia José Manuel Hernández Peguero, el exprocurador general (r) Bernardo Santana Páez, el profesor de la FIU Eduardo Gamarra y el general (r) Guillermo Guzmán Fermín, entre otros expertos que aportaron su visión sobre el proyecto. La pluralidad de perfiles —desde el ámbito judicial hasta el académico y el castrense— da cuenta de que las preocupaciones no provienen de un solo sector, sino que atraviesan distintas esferas del conocimiento y la experiencia institucional.

De cara al debate legislativo, las 55 observaciones representan una hoja de ruta para los congresistas: corregir las contradicciones constitucionales, resolver los vacíos internos y exigir los estudios actuariales que respalden las obligaciones económicas. El desafío no es menor, pues una ley mal diseñada podría perpetuar problemas que se pretenden resolver. La discusión, más que un obstáculo, debería verse como una oportunidad para blindar jurídica y financieramente una reforma que la sociedad dominicana demanda con urgencia, pero que debe llegar bien construida.

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