Alejandro Fernández: el reto detrás de sus nuevas funciones en Palacio

Al cierre de su gestión en agosto de 2026, la Superintendencia de Bancos (SB) deja un sistema financiero dominicano más grande, rentable y solvente, con activos que pasaron del 43.6 % al 52.6 % del PIB entre 2019 y 2025, y un índice de solvencia de 17.7 %, muy por encima del mínimo regulatorio del 10 %. El balance de los seis años de Alejandro Fernández W. al frente de la entidad no solo refleja números en verde, sino una transformación estructural que redefine el papel del regulador en la economía dominicana.

El crecimiento de los activos del sistema financiero, equivalente a nueve puntos porcentuales del PIB en seis años, implica que la intermediación bancaria ha ganado peso en la actividad económica nacional. Para el ciudadano común, esto se traduce en un mayor acceso al crédito y a servicios financieros, aunque también plantea la necesidad de una supervisión más fina. La rentabilidad medida por el ROE —que subió de 15.9 % a 18.65 %— indica que las entidades han logrado operar con mayor eficiencia, un factor que en teoría debería favorecer tasas más competitivas para los usuarios.

La modernización supervisora se materializó en 593 inspecciones y 185 normas emitidas, un esfuerzo por alinear el marco local con los estándares internacionales de Basilea y otras mejores prácticas. Este trabajo de actualización normativa es clave en un entorno donde los riesgos financieros evolucionan rápidamente, desde la transformación digital hasta nuevos instrumentos de inversión. Sin embargo, el aumento de la morosidad de 1.7 % a 1.87 % es una señal de alerta que la próxima administración no puede ignorar, pues sugiere que una parte creciente de los prestatarios enfrenta dificultades para cumplir sus obligaciones, lo que podría presionar la calidad de los activos bancarios.

En el plano de la inclusión financiera, el hito más visible fue la eliminación de los desiertos bancarios en 2024, garantizando que todos los municipios del país tengan al menos un punto de acceso a servicios financieros. Este logro, sumado a las devoluciones ordenadas por 785.9 millones de pesos a los usuarios —casi diez veces más que en la década previa—, refleja un giro hacia una supervisión más orientada a la protección del consumidor. La cifra es contundente: los usuarios recuperaron dinero que antes quedaba en manos de las entidades sin mayor cuestionamiento.

La transparencia institucional también marcó la diferencia. Alcanzar 99.7 puntos en el índice de la DIGEIG y una nota promedio de 96.3 en cumplimiento de la Ley de Compras posiciona a la SB entre las entidades públicas más confiables del Estado dominicano. La ejecución presupuestaria, que subió de 66 % a un promedio de 89 % anual, indica que los recursos asignados se convirtieron en acciones concretas, un contraste notable con la inercia que suele caracterizar a la administración pública.

La resolución de Bancamérica en 2022, completada en 60 días sin costo para el Estado ni el sistema, es quizás el ejemplo más claro de la fortaleza institucional alcanzada. En un contexto regional donde las intervenciones bancarias suelen generar crisis sistémicas o pérdidas fiscales, el manejo dominicano demostró que una regulación preventiva y una capacidad técnica sólida pueden evitar el contagio. El relevo de agosto no solo recibe un legado robusto, sino el desafío de sostener esa vigilancia constante y actualizar la agenda regulatoria para que el sistema financiero mantenga el paso frente a un entorno global incierto, con tasas de interés internacionales volátiles y nuevas amenazas cibernéticas.

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