Quejas contra oficiales ponen en jaque la política migratoria dominicana

La Dirección General de Migración (DGM) admitió que la corrupción interna sigue siendo un desafío estructural mientras intensifica su lucha contra la migración irregular, reconociendo que agentes de la institución han incurrido en cobros ilegales a extranjeros durante operativos de interdicción, según declaró su director, el vicealmirante Luis Rafael Lee Ballester.

El reconocimiento público del funcionario, realizado durante un encuentro con periodistas, coloca sobre la mesa una contradicción que afecta directamente la credibilidad de las políticas migratorias dominicanas: mientras el país endurece su discurso y sus operativos contra la migración irregular, son precisamente los oficiales encargados de aplicar esas medidas quienes protagonizan abusos contra los mismos extranjeros que deben controlar. Esta situación no solo vulnera derechos fundamentales, sino que socava la legitimidad institucional ante la comunidad internacional y ante la propia población dominicana.

Lee Ballester aseguró que todas las denuncias recibidas son investigadas a través de tres áreas especializadas: la Dirección de Inteligencia, el Departamento de Investigaciones y la Dirección de Asuntos Internos, con el apoyo de una unidad de Contrainteligencia. "Ciertamente se producen irregularidades en una organización como esta, porque son muchos años, y cambiar y transformar instituciones requiere de mucho esfuerzo, constancia y reglas claras", expresó el funcionario, en un intento por contextualizar un problema que arrastra décadas de prácticas arraigadas.

Las estadísticas revelan la magnitud del desafío. Hasta julio de este año, la Dirección de Asuntos Internos manejaba 196 casos, de los cuales 27 correspondían a extorsión, sobornos y cobros irregulares, mientras que el Departamento de Investigaciones abrió 668 procesos, resultando en la cancelación de 88 empleados. Las denuncias provienen principalmente de migrantes haitianos, aunque también hay reportes de ciudadanos colombianos y venezolanos, lo que sugiere que el patrón de abuso no distingue nacionalidades y afecta a las poblaciones más vulnerables del flujo migratorio regional.

Para combatir estas prácticas, la DGM ha implementado procesos de selección más rigurosos para nuevos agentes, incluyendo evaluaciones psicológicas, psicométricas y de conducta. De más de 3,500 aspirantes, solo 300 fueron seleccionados recientemente para formación, una cifra que evidencia la intención de elevar el estándar, pero también la dificultad de encontrar personal idóneo en un contexto donde la institución creció de 235 a 1,000 agentes en un período relativamente corto. Lee Ballester reconoció que aún se necesitan más recursos logísticos, incluyendo vehículos, para operar efectivamente en los cerca de 400 distritos municipales y municipios del país.

La clave para los lectores está en observar si estas medidas punitivas y de filtrado se traducen en una reducción sostenida de las quejas, o si, por el contrario, el crecimiento acelerado de la plantilla sin el respaldo logístico y salarial adecuado reproduce los mismos vicios que se pretenden erradicar. La transparencia en la publicación periódica de los resultados de las investigaciones internas y la sanción efectiva a los oficiales corruptos serán indicadores fundamentales para medir si la DGM realmente está transformando su cultura institucional o solo administrando la crisis de confianza.

Fuente original: consultar publicación original.