El caso GoldQuest: ¿Presión vs. proceso en la justicia?
“¿Desarrollo vs. protección ambiental? La suspensión de estudios de impacto ambiental de Goldquest en RD pone en cuestión la gestión de conflictos en el país.”
La suspensión de los estudios de impacto ambiental del proyecto Goldquest en República Dominicana ha generado un debate sobre la gestión de conflictos complejos en el país. A primera vista, esta decisión puede parecer un problema minero aislado, pero en realidad, es un indicador de cómo el país aborda sus desafíos ambientales y sociales. El estudio de impacto ambiental no es una herramienta para aprobar o rechazar un proyecto, sino para determinar si debe ser aprobado, bajo qué condiciones y con qué limitaciones.
La interrupción del proceso de evaluación ambiental antes de que concluya no solo puede vaciar de sentido al mecanismo creado para arbitrar entre desarrollo, territorio, ambiente y comunidad, sino que también puede generar más desconfianza y conflicto. En República Dominicana, hay antecedentes de decisiones ambientales tomadas fuera del proceso técnico, lo que ha llevado a resultados negativos en ambos casos: más desconfianza, más conflicto y menos claridad sobre las reglas.
La desconfianza de las comunidades hacia el Estado y las instituciones es legítima, especialmente cuando hay memoria de pasivos ambientales no resueltos, promesas incumplidas y consultas que fueron trámite y no participación real. Sin embargo, una democracia no puede convertir la intensidad del conflicto en el criterio principal de decisión pública. Es importante recordar que las comunidades tienen derecho a cuestionar, protestar y reclamar garantías ambientales, pero eso no debe llevar a una situación en la que el incentivo sea aumentar la presión sobre el proceso.
La consecuencia más grave de esta situación no es para Goldquest, sino para todos los proyectos que en los próximos años requieran permisos, evaluaciones o arbitraje institucional. La lección aprendida por los actores involucrados es que los procedimientos son negociables si la presión es suficiente, lo que puede llevar a una situación de incertidumbre y falta de transparencia.
En lugar de reaccionar al ruido, el gobierno debe procesar conflictos con reglas, evidencia, transparencia y responsabilidad. La salida está en retomar el proceso con información verificable y participación real de comunidades, Estado, academia y sector privado. Esto requiere un compromiso de trabajar de manera colaborativa y transparente para encontrar soluciones que beneficien a todos.
La pregunta que queda abierta es más incómoda que el proyecto mismo: si las instituciones dominicanas no procesan este conflicto mediante sus propios procedimientos, ¿qué conflicto futuro sí lo merecerá? Esto no es solo una cuestión de Goldquest, sino de la capacidad del país para abordar sus desafíos complejos de manera responsable y sostenible.
En resumen, la suspensión de los estudios de impacto ambiental del proyecto Goldquest es un indicador de la necesidad de que el gobierno de República Dominicana procese conflictos complejos con reglas, evidencia, transparencia y responsabilidad. Esto requiere un compromiso de trabajar de manera colaborativa y transparente para encontrar soluciones que beneficien a todos.
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