La incertidumbre que pone en riesgo al mercado inmobiliario en República Dominicana

La República Dominicana se ha afianzado como uno de los principales polos turísticos del Caribe y, en paralelo, su negocio inmobiliario ha experimentado un crecimiento acelerado que mueve miles de millones de dólares cada año. Ese dinamismo, sin embargo, convive con una debilidad estructural: la ausencia de una ley específica que regule la intermediación y la actividad de los corredores de bienes raíces.

En la práctica, cualquier persona puede presentarse como agente inmobiliario, promocionar propiedades con afirmaciones difíciles de verificar y percibir comisiones sin someterse a una supervisión formal. Esa falta de control abre la puerta a fraudes, sobrevaloraciones artificiales y disputas contractuales que terminan afectando tanto a compradores como a vendedores.

Un mercado de estas dimensiones necesita intermediarios certificados y reglas claras. Por eso, una normativa sobre intermediación y corretaje debería contemplar un registro público y obligatorio de corredores autorizados, exigir formación mínima y actualización profesional permanente, y establecer parámetros éticos para la publicidad, la captación de clientes y el cobro de honorarios.

Los beneficios de una regulación así serían inmediatos. La inversión extranjera, que ya tiene una presencia notable en Punta Cana y otros destinos del país, encontraría mayor seguridad jurídica y previsibilidad. Al mismo tiempo, el turismo residencial ganaría credibilidad internacional, un factor clave para sostener su expansión como uno de los motores silenciosos de la economía nacional.

También se verían favorecidos los profesionales que operan con transparencia, hoy obligados a competir en desventaja frente a actores informales que trabajan sin estándares ni supervisión. Experiencias como las de España, México o Colombia demuestran que las leyes sectoriales pueden ordenar el mercado, elevar la calidad del servicio y fortalecer la confianza de los usuarios.

El Congreso Nacional tiene ahora la posibilidad de impulsar una reforma de alto impacto para transformar un entorno desordenado en un sistema más transparente, competitivo y confiable. Valoramos con simpatía los proyectos de ley que cursan en el Senado sobre esta materia, porque el turismo lo necesita, la inversión lo reclama y los ciudadanos lo merecen.

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