FP: incertidumbre jurídica y crisis de confianza marcan la gestión del Gobierno
La Fuerza del Pueblo alerta: crisis de confianza y leyes al servicio del Gobierno debilitan la democracia en RD. Informe revela deterioro institucional.
La Fuerza del Pueblo advirtió este miércoles que la República Dominicana enfrenta una crisis de confianza e incertidumbre jurídica debido a una práctica legislativa improvisada y subordinada a los intereses coyunturales del Gobierno, lo que ha debilitado la institucionalidad democrática del país.
Hotoniel Bonilla García, titular de la Secretaría de Justicia de la organización, presentó el informe preliminar "Estado de derecho, Sistema de Justicia y Dignidad Humana en la República Dominicana", en el que señaló que el uso de la mayoría congresual para imponer una agenda política ha deteriorado el Estado de derecho. "Cuando una mayoría legislativa deja de responder al interés general para convertirse en un instrumento de una agenda gubernamental, el Estado de derecho comienza a deteriorarse", expresó el dirigente, quien citó como ejemplos las modificaciones sucesivas a leyes clave como la de Compras y Contrataciones Públicas, la de fideicomisos públicos, la extensión de concesión de aeropuertos y las recientes reformas al Código Penal.
Bonilla también cuestionó el incumplimiento de decisiones del Tribunal Constitucional por parte del Ejecutivo, lo que, a su juicio, envía un mensaje negativo sobre el respeto a las instituciones. En materia de seguridad ciudadana, lamentó que seis años después del inicio de la administración actual, el país carece de una estrategia integral contra la delincuencia, y expresó preocupación por las desapariciones sin respuestas oportunas y por las muertes de ciudadanos en actuaciones de agentes de la fuerza pública, que deben investigarse con independencia y transparencia.
Como parte de su agenda, la nueva Secretaría de Justicia anunció un mecanismo permanente para monitorear el cumplimiento de las sentencias del Tribunal Constitucional, impulsar una tercera ola de reformas al sistema de justicia y acompañar a víctimas de violaciones de derechos fundamentales. "La defensa del Estado de derecho no es responsabilidad exclusiva de jueces, fiscales o abogados, sino un compromiso de toda la sociedad", concluyó Bonilla, en un acto que contó con la presencia de dirigentes políticos, juristas y académicos.
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