FP exige al Gobierno revelar fondos para la reforma policial

La Fuerza del Pueblo (FP) exigió este martes al Gobierno dominicano transparentar la contratación, remuneración y fuentes de financiamiento del asesor financiero de la Presidencia para la reforma policial, y demandó una auditoría especial sobre los recursos invertidos en ese proceso desde 2021.

Mediante un comunicado, la secretaria de Seguridad Ciudadana de la FP, Josefina Reynoso, denunció que el Ejecutivo no ha revelado qué institución contrató al asesor, cuánto percibe por sus servicios, bajo qué mecanismo se financian ni cuál ha sido el costo total de la reforma policial y sus resultados. La dirigente opositora insistió en que el Gobierno debe publicar los contratos, designaciones, honorarios, términos de referencia e informes de todos los asesores vinculados al proceso, así como identificar las instituciones responsables de los pagos y las partidas presupuestarias utilizadas.

La exigencia de la FP se produce en un contexto en el que la reforma de la Policía Nacional ha sido una de las promesas centrales de la gestión actual, con anuncios de modernización, depuración y mejora salarial para los agentes. Sin embargo, la falta de detalles sobre los costos administrativos y las asesorías externas ha generado cuestionamientos recurrentes por parte de organizaciones de la sociedad civil y sectores de la oposición, que consideran que la rendición de cuentas es indispensable para evaluar la efectividad del proceso.

La organización política reiteró su solicitud de que la Cámara de Cuentas realice una auditoría integral e independiente sobre los fondos destinados a la reforma policial, abarcando asesorías, consultorías, compras, capacitación, tecnología, infraestructura, logística y cooperación internacional de las entidades involucradas. Esta petición no es nueva: en ocasiones anteriores, la FP ha planteado la necesidad de que el órgano de control externo actúe con autonomía para verificar el uso de los recursos públicos, especialmente en programas de alto impacto social y de larga duración.

Reynoso subrayó que la transparencia en el manejo de estos recursos es una obligación constitucional y cuestionó que, pese a los años de ejecución del programa, la ciudadanía siga percibiendo altos niveles de inseguridad. Este señalamiento conecta con una preocupación más amplia: la percepción ciudadana sobre la efectividad de las políticas de seguridad no depende únicamente de las estadísticas oficiales, sino también de la confianza en que los fondos asignados se traducen en resultados visibles en las calles.

Para los lectores, la clave está en observar si el Gobierno responde con documentación oficial a estas demandas y si la Cámara de Cuentas asume la auditoría solicitada. También conviene dar seguimiento a los próximos informes presupuestarios y a las declaraciones de las autoridades sobre el avance de la reforma, así como a los indicadores de criminalidad que puedan reflejar el impacto real de las inversiones realizadas desde 2021.

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