El nuevo Código Penal: ¿Prioridad a las celdas sobre la salud? Abogado anticipa más cárceles que hospitales
Nuevo Código Penal RD: ¿Más cárceles que hospitales? Abogado advierte que la ley disparará la prisión preventiva y colapsará el sistema.
El abogado Many Sierra advirtió este lunes que el nuevo Código Penal, recién entrado en vigor, no combatirá la delincuencia y, por el contrario, disparará la población penitenciaria, forzando al Estado a priorizar la construcción de cárceles sobre hospitales y escuelas.
Durante una entrevista en el programa “Tiempo de Noticias” de El Nuevo Diario TV, Sierra explicó que el Código Procesal Penal obliga a los jueces a valorar la gravedad de la pena al imponer medidas de coerción. Dado que cerca del 90 % de las infracciones del nuevo texto son clasificadas como graves o muy graves, los casos de prisión preventiva se multiplicarán. “Necesariamente van a tener que hacer más cárceles que hospitales, más cárceles que centros educativos”, sentenció.
La advertencia del jurista pone sobre la mesa un debate que trasciende lo jurídico y toca directamente las finanzas públicas. Si la proyección de Sierra se materializa, el sistema penitenciario dominicano —que ya opera con sobrepoblación en varios centros— enfrentaría una presión adicional difícil de sostener con el presupuesto actual. Cada recluso adicional implica costos de alimentación, seguridad, salud y gestión, recursos que inevitablemente competirían con partidas destinadas a infraestructura social básica.
El jurista también criticó el impacto económico de la norma, señalando que las fianzas elevadas serán inalcanzables para muchos procesados y que disposiciones cotidianas, como la renovación trimestral de recetas médicas, encarecerán la vida de los ciudadanos más vulnerables. “No es verdad que este nuevo código viene a poner orden; este nuevo código va a poner el desorden”, afirmó, recordando que el Tribunal Constitucional ya acumula más de 15 acciones de inconstitucionalidad contra la pieza.
Este último punto resulta clave para interpretar el escenario que viene. La acumulación de recursos ante el Tribunal Constitucional sugiere que la norma podría enfrentar modificaciones o suspensiones parciales en los próximos meses, lo que generaría un periodo de incertidumbre jurídica tanto para jueces como para ciudadanos. Mientras tanto, los tribunales deberán aplicar una ley cuya constitucionalidad está siendo cuestionada desde múltiples frentes.
Sierra calificó la legislación como el “código de la venganza” y lamentó que su contenido no fuera consensuado con la sociedad. A su juicio, la falta de debate generará un “ciudadano rebelde” frente a una ley discriminatoria, diseñada para un contexto ajeno a la realidad dominicana. “Es lógico que debió discutirse porque ese texto es para el ciudadano”, puntualizó, advirtiendo sobre desajustes sociales cuya magnitud aún no se puede dimensionar.
Para el lector, lo que conviene observar en los próximos meses es doble: por un lado, cómo responden los jueces ante el aumento proyectado de prisiones preventivas y si el sistema judicial logra administrar la carga sin colapsar; por otro, si el Congreso y el Poder Ejecutivo reaccionan a las críticas con medidas correctivas o si mantienen la norma intacta. La experiencia comparada en la región muestra que códigos penales aprobados sin amplio consenso suelen generar oleadas de litigios y ajustes legislativos posteriores, un costo que, en este caso, podría traducirse en años de disputas legales y tensión social.
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