Chile enciende el debate: ¿los latidos fetales deben frenar el aborto?

La ministra de Salud de Chile, May Chomali, desestimó este lunes el proyecto de ley "Escucha su corazón", que busca obligar a las mujeres a escuchar los latidos fetales antes de un aborto, al afirmar que "científicamente no hay sentido" en esa medida y que no existe evidencia que respalde su efectividad. La postura de la secretaria de Estado abre un nuevo capítulo en el debate sobre los límites del derecho al aborto en un país que lo legalizó parcialmente hace casi una década.

En entrevista con Tele13 Radio, Chomali explicó que "no existe, y hemos buscando, evidencia científica de que un acto como ese pueda reducir la probabilidad de que la mujer quiera hacerse un aborto". La iniciativa, impulsada por parlamentarios de los partidos Nacional Libertario (PNL) y Republicano (PR), modificaría el Código Sanitario para que los médicos ofrezcan escuchar el latido fetal y, si la paciente rechaza, se nieguen a realizar el procedimiento. Este mecanismo, conocido en la literatura médica como "consejería coercitiva", ha sido cuestionado por organismos internacionales de salud por su potencial efecto disuasorio sobre la autonomía de las pacientes.

Chomali también señaló que el proyecto podría implicar "revictimización" para las mujeres y que, desde el punto de vista médico, no aporta elementos nuevos, ya que las ecografías son necesarias en todos los casos contemplados por la ley. El aborto es legal en Chile desde 2017 bajo tres causales: riesgo para la vida de la madre, inviabilidad fetal y violación. Para los lectores, es clave entender que esta ley no amplía ni restringe el acceso al procedimiento, sino que introduce un requisito adicional que, según sus críticos, busca generar culpa y presión psicológica en un momento de alta vulnerabilidad emocional.

La propuesta ha generado un fuerte rechazo social. El pasado viernes, cientos de mujeres se manifestaron en Santiago y casi 30 ciudades bajo lemas como "Escucha mi decisión". Incluso sectores conservadores, como la UDI, han calificado el proyecto de "difícil de fiscalizar" y han ofrecido una alternativa al Ejecutivo. Este matiz es relevante: la derecha tradicional chilena parece distanciarse de una medida que considera impracticable, mientras que los partidos más radicales buscan capitalizar el debate en clave ideológica.

El diputado del PNL Cristóbal Urruticoechea defendió la medida citando experiencias en Estados Unidos y Hungría, mientras el presidente José Antonio Kast, contrario al aborto, ha evitado dar una "batalla cultural" en su gestión. Esta tensión interna en el oficialismo sugiere que el proyecto difícilmente avanzará en el corto plazo, pero también revela que el tema del aborto sigue siendo un eje de movilización política en Chile. Para quienes siguen la región, conviene observar si la iniciativa se diluye en el Congreso o si, por el contrario, se convierte en un precedente legislativo que inspire propuestas similares en otros países latinoamericanos.

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