La crisis de oferta que pone en jaque al mercado inmobiliario en República Dominicana

La República Dominicana se ha posicionado como uno de los destinos más atractivos del Caribe y, en paralelo, su mercado inmobiliario ha crecido hasta mover miles de millones de dólares cada año. Ese dinamismo, sin embargo, convive con una debilidad estructural: la ausencia de una ley específica que regule la intermediación y el corretaje de bienes raíces.

La falta de un marco legal ha dejado espacio para prácticas poco transparentes. En la actualidad, cualquier persona puede presentarse como corredor, promocionar propiedades con afirmaciones difíciles de verificar y gestionar cobros sin supervisión de una autoridad competente. Esa informalidad termina afectando a compradores, distorsionando precios y debilitando la confianza en el sector.

Un mercado inmobiliario de mayor madurez requiere intermediarios certificados y reglas claras. Por eso, una legislación sobre intermediación y corretaje debería contemplar un registro público y obligatorio de corredores autorizados, además de exigir formación básica y actualización permanente para ejercer la actividad con estándares profesionales.

La norma también tendría que ordenar los contratos de mediación y establecer límites éticos para la publicidad y la comisión, de modo que se reduzcan los abusos y se proteja tanto al consumidor como al inversionista. Con ese tipo de garantías, la actividad inmobiliaria ganaría previsibilidad y seguridad jurídica.

El efecto económico podría ser significativo. La inversión extranjera, ya muy presente en zonas como Punta Cana y otros polos turísticos, encontraría un entorno más confiable para crecer. Al mismo tiempo, el turismo residencial reforzaría su credibilidad internacional y los agentes que trabajan de manera honesta competirían en condiciones más justas frente a operadores informales.

Experiencias como las de España, México o Colombia muestran que una regulación sectorial puede ordenar el mercado y elevar los estándares de la profesión. En ese contexto, el Congreso Nacional tiene la oportunidad de impulsar una transformación necesaria. Valoramos con simpatía los proyectos de ley que cursan en el Senado sobre la materia porque el turismo lo demanda, la inversión lo exige y los ciudadanos lo merecen.

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