Golpe letal a la hostelería: 300.000 empleos en riesgo si avanza la ley antitabaco

El sector hostelero lanza una advertencia directa al Gobierno: la nueva regulación antitabaco que se perfila en el horizonte legislativo podría arrasar con 300.000 puestos de trabajo y forzar el cierre de 30.000 establecimientos. La cifra, presentada por la patronal del sector, supone un tercio del empleo total que genera la hostelería en España y dibuja un escenario de devastación económica en una industria clave para el turismo y la restauración.

La alarma saltó tras conocerse los primeros borradores de la normativa, que plantea extender las prohibiciones de fumar a terrazas, veladores y espacios al aire libre. Desde la asociación que agrupa a bares, cafeterías y restaurantes, se defiende que la convivencia entre fumadores y no fumadores ya es un hecho consolidado en la mayoría de los locales al aire libre, donde se han implantado medidas voluntarias de separación y ventilación.

"No hay conflicto real. La gente ya respeta las distancias", subrayan fuentes del sector, que consideran la propuesta como una medida desproporcionada.

El argumentario del gremio se apoya en la comparativa internacional. A día de hoy, solo Suecia ha implantado en Europa una restricción similar, y sus efectos, según los hosteleros, no son extrapolables a la realidad española, donde el clima y la cultura de la terraza son parte esencial del modelo de negocio.

Mientras que en los países nórdicos la vida al aire libre se concentra en pocos meses, en España las terrazas operan durante gran parte del año y suponen el principal activo para miles de pequeños negocios. El impacto no solo sería laboral.

Un cierre masivo de 30.000 bares implicaría la desaparición de espacios de socialización que actúan como "terceros lugares" en barrios y pueblos. La hostelería recuerda que muchas de estas empresas ya arrastran una delicada situación financiera tras los años de pandemia, la subida de costes energéticos y la inflación de materias primas.

Una nueva restricción, advierten, sería "la puntilla" para miles de autónomos y pequeñas empresas familiares que concentran el 80% del tejido hostelero. El debate llega en un momento de máxima tensión entre las exigencias de salud pública y la viabilidad económica.

Mientras las asociaciones médicas aplauden cualquier medida que reduzca el consumo de tabaco, el sector reclama diálogo y una transición justa, con incentivos para la adaptación en lugar de prohibiciones drásticas. La pelota está ahora en el tejado del Ministerio de Sanidad, que deberá sopesar los datos frente a la presión de un colectivo que mueve 1,7 millones de empleos en toda España.