El vacío legal que deja en tensión la Constitución tras la observación de Abinader
“Estado y contratistas en tensión: ¿Qué sucederá con la ley aprobada en 2026 si no se retira formalmente del Congreso?”
La iniciativa destinada a saldar obligaciones acumuladas por el Estado con contratistas desde 1996 quedó atrapada en un escenario constitucional complejo después de ser observada por el presidente Luis Abinader. Mientras tanto, el Congreso tramitó y aprobó otra propuesta para atender el mismo problema, aunque con ajustes puntuales en su contenido y procedimiento.
El punto de fricción se origina en que el proyecto inicial, aprobado por la Cámara de Diputados el 12 de enero de 2026 y convertido en ley, no ha sido retirado formalmente del Congreso pese a las observaciones del Poder Ejecutivo. Esa permanencia mantiene abierta la posibilidad de que la pieza avance por la vía constitucional si no recibe movimiento durante dos legislaturas.
La Constitución establece en su artículo 102 que, cuando el presidente objeta una ley, debe devolverla a la cámara de origen con las razones de su decisión y los artículos cuestionados. Luego, esa cámara debe volver a conocer el texto en una sola lectura. Sin embargo, el artículo 103 añade un elemento decisivo: si un proyecto permanece sin trámite durante dos legislaturas ordinarias, se considera aceptada la observación y la ley puede quedar aprobada automáticamente.
En paralelo a ese proceso, la Cámara de Diputados impulsó una nueva propuesta legislativa para sustituir la observada. La versión original reconocía de manera directa deudas pendientes y ordenaba el pago a 571 contratistas ya identificados, vinculados a obras y servicios acumulados desde 1996. Abinader la observó al entender que el texto no precisaba con claridad el monto total a desembolsar ni individualizaba de forma completa a todas las personas y empresas beneficiarias.
Tras esa objeción, el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, sometió un nuevo proyecto. Esa pieza fue aprobada con rapidez por los diputados del PRM y, según advierte la FP, abriría la puerta a pagos irregulares con fondos públicos. El nuevo texto cambia el mecanismo de validación de las acreencias y crea una comisión encargada de revisar cada reclamación antes de autorizar cualquier desembolso.
De acuerdo con Pacheco, esa comisión podrá rechazar solicitudes o reducir los montos reclamados, aunque no tendrá facultad para incorporar nuevos beneficiarios. Además, el proyecto elimina el reconocimiento automático de las deudas y somete los casos a un proceso previo de verificación. La nueva iniciativa ya está en el Poder Ejecutivo a la espera de promulgación, mientras la original continúa en la Cámara de Diputados y mantiene abierto el limbo constitucional en torno a las dos propuestas vinculadas a las mismas obligaciones del Estado.
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