Qué implica estado de excepción ante los conflictos en Bolivia

La posibilidad de que el Gobierno de Bolivia declare un estado de excepción para ampliar el despliegue de fuerzas de seguridad ante las protestas y bloqueos cobró fuerza después de que el Senado aprobara un proyecto que elimina restricciones legales vigentes desde 2020, en medio de advertencias sobre posibles riesgos para los derechos humanos.

La iniciativa se debate al inicio de la cuarta semana de bloqueos y protestas, principalmente en la zona andina, que exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz, en medio del desabastecimiento de alimentos y combustibles en La Paz y El Alto, las ciudades más afectadas por los cortes de rutas.

El proyecto de ley aprobado el domingo por el Senado abroga la actual Ley de Estado de Excepción y ahora deberá ser tratado por la Cámara de Diputados, donde se prevé su debate este martes, con el objetivo de dar respaldo legal a Paz para aplicar esa medida, contemplada en la Constitución promulgada en 2009 durante el Gobierno de Evo Morales (2006-2019).

El Gobierno boliviano reporta cuarta muerte por falta de atención médica debido a bloqueos.

El diputado de la alianza Unidad Carlos Alarcón, promotor de la medida, explicó a EFE que la norma busca abrogar la ley aprobada en 2020 por la entonces presidenta interina de la Asamblea Legislativa, Eva Copa, que regula desde el Parlamento la decisión del Ejecutivo de emplear a las fuerzas de seguridad ante conflictos internos.

La denominada 'ley Eva Copa' reglamenta cuatro artículos de la Constitución boliviana dedicados al Estado de Excepción y fue aprobada durante el Gobierno transitorio de Jeanine Añez (2019-2020) para limitar el uso de las fuerzas de seguridad.

Copa dirigió el Legislativo por el Movimiento al Socialismo (MAS) tras la renuncia de Morales en 2019.

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